Diario del Derecho. Edición de 09/07/2020
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 26/08/2011
 
 

Autonomías

La reconstrucción pendiente. La reconstitución necesaria; por Pedro González-Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos

26/08/2011
Compartir: 

El día 25 de agosto de 2011, se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Pedro González-Trevijano, en el cual el autor explica que la redefinición del modelo autonómico es la tarea pendiente por excelencia. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

LA RECONSTRUCCIÓN PENDIENTE. LA RECONSTITUCIÓN NECESARIA

Ayer hablábamos de la regeneración pendiente y de la refundación necesaria Hoy lo hacemos de la reconstrucción pendiente y de la reconstitución necesaria, siendo la redefinición del modelo autonómico la tarea pendiente por excelencia, poniendo coto a sus excesos e insolidarias políticas soberanistas que suspiran anhelos confederales o de independencia y autodeterminación. El Estado de las Autonomías, de indiscutibles logros, no ha sido sin embargo capaz de integrar las reivindicaciones nacionalistas, mientras que ha postergado los elementos comunes e incentivado las diferencias, pretiriendo enfermizamente los elementos centrípetos frente a los centrífugos. Y aquí hay varias tareas pendientes: cerrar un modelo de Estado que no puede permanecer indefinidamente abierto y fortalecer las competencias de coordinación y supervisión del Estado. E incluso, por qué no, la avocación por este de algunas competencias transferidas, y sobre las que algunos dirigentes autonómicos ya han adelantado, como en materia de sanidad y justicia, su disponibilidad. Una reforma que habrá de ser no solamente estatutaria, sino, en el momento de distensión política oportuna, con un amplio acuerdo y con sentido institucional, también constitucional, con una delimitación competencial diáfana de las competencias estatales indelegables, donde habría que replantearse además la desafortunada vía extraestatutaria de la delegación y transferencia de competencias estatales del artículo 150.2 de la Constitución y el restablecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad respecto a los estatutos de autonomía. El desgraciado proceso de reforma y enjuiciamiento del Estatut de Catalunya lo ha explicitado. Y, por encima de otra consideración, hay que cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, lo que implica la imposibilidad de dar alas a generalizadas pretensiones de conciertos económicos y a procesos de inmersión lingüística inequívocamente inconstitucionales. Aquí se vislumbra nuevamente la reclamada modificación de la Ley Electoral con criterios donde primen la representatividad real y la integración política de la nación española en su conjunto. A lo que hemos de sumar un recetario más: pongamos todos los medios políticos y jurídicos para evitar la entrada de los terroristas y sus socios y cómplices en las instituciones y administraciones públicas, pues aquí la responsabilidad no es solamente política sino moral.

Dicho esto no quedan aquí los retos. Se impone, tanto por su ineficacia política, pero sobre todo, tal y como se está viendo con la crisis de los mercados financieros, por su inviabilidad económica, una revisión de las estructuras políticas y administrativas, evitando exageradas e insostenibles duplicidades: des: la estatal, la autonómica, la comarcal, la provincial y la municipal. No son necesarios ni tantos gobiernos y plenarios ni tantos órganos consultivos y de asesoramiento, ni estos favorecen la mejor gestión y seguimiento de los asuntos públicos. En suma, un futuro reparto territorial del poder que, reconociendo las singularidades de una plural España constitucional, lo redistribuya de acuerdo con criterios presididos por la lealtad, la igualdad, la solidaridad, la cooperación y la eficiencia.

Aunque, ya adelantábamos, las medidas no se restringen al ámbito axiológico, social o político. Se requiere una nueva y decidida política económica que nos saque de una situación deprimida esclerotizada y paralizante. Una política económica que nos aleje de la quiebra y de la suspensión de pagos que nos atenaza y que cada día amedrenta a más personas y colectivos sociales. En este contexto, es comprensible la indignación de algunos colectivos que reclaman otra manera de hacer Política Pero que no pueden sin embargo pretender presentarse como una democracia sustitutiva de la única representación que legitima los regímenes constitucionales: la democracia representativa nacida de las elecciones libres y periódicas. Y menos, querer detentar, sin título alguno, las esperanzas de cambio de la comunidad nacional, ni violentar, al socaire de un mal entendido ejercicio exclusivo de sus derechos fundamentales, los derechos y libertades de los demás. La Constitución ampara generosamente las libertades de expresión, manifestación y reunión, pero estas no pueden violar las correlativas libertades de circulación y de movilidad y los derechos de propiedad, propios de una economía de mercado, de los demás ciudadanos. Y menos, desafiar al Congreso de los Diputados e impedir la constitución de las instituciones democráticas —como la Generalitat de Cataluña y las Corts valencianas—, ¡que tanto nos ha costado recuperar, y que no tienen alternativa si suicidamente se derrumban!, sin la firme reacción de quienes están encargados de hacer respetar la ley. El Estado de Derecho dispone del monopolio legítimo de la fuerza para cumplir y hacer cumplir la ley, y si fuera necesario, ¡pero casi nadie se atreve a decirlo, y menos a hacerlo!, a un uso responsable de la fuerza a través de sus cuerpos de seguridad. Nadie está por encima de la ley, expresión de la voluntad popular, ni son tolerables conductas tipificadas y sancionadas en el Código Penal. Aquí no hay contradicción entre concepciones rousseaunianas o hobbesianas acerca de la condición humana Ojo con dar pasivamente alas a la coacción y la intimidación, pues estas conducen al caos, y son el peor caldo de cultivo para la destrucción de la democracia y sus instituciones; La democracia sigue siendo, decía Winston Churchill, la peor de las formas de gobierno excluyendo las de-más. No la pongamos, pues, en entredicho, y menos en peligro, por un buenísimo irresponsable, por cómplice cobardía o por un imprevisible rédito electoral.

De aquí la pertenencia de suscribir un gran pacto social y económico entre todos los agentes sociales: Un pacto que nos saque del estancamiento de un modelo productivo agotado, de unas hipertrofiadas administraciones despilfarradoras y clientelares y de una situación de endeudamiento inasumible para los ciudadanos y sus familias, pero no menos para el Estado, sus instituciones y administraciones, a las que cada vez cuesta más encontrar financiación en los mercados internacionales. Nos enfrentamos a un modelo literalmente agotado. Decía el presidente Jefferson que las generaciones futuras tienen el derecho a establecer sus normas de convivencia, esto es, a reformar sus constituciones para acomodarlas a sus cambiantes necesidades; pero, de la misma suerte, las generaciones venideras disfrutan del derecho a tener un marco económico que les permita acceder al mercado de trabajo —tasas de paro superiores al veinte por ciento y que alcanzan el cuarenta en el caso de los jóvenes no son solo un problema social y económico, sino una indignidad moral, salvo que los españoles de hoy condenemos trágicamente a nuestros hijos a pagar nuestros excesos y desvaríos.

El pasado mes de julio la Universidad Rey Juan Carlos dedicaba uno de sus cursos de verano celebrados en la villa y corte de Aranjuez a reflexionar sobre las actuales dificultades económicas —la asfixiante tasa de paro, el exceso de dependencia de la financiación exterior, la falta de competitividad del tejido empresarial, la ausencia de formación profesional, la delicada situación de las cuentas públicas con un déficit creciente, el ingente incremento de la deuda, la creciente afectación de un Estado del Bienestar mal entendido— y, en especial, sobre las medidas terapéuticas aplicables. Por más que lo más relevante sea la recuperación de la confianza y la credibilidad. Así las cosas, se impone un recetario amplio que implique medidas de austeridad, transparencia, simplificación administrativa y contención del gasto público. Esto es, estabilidad presupuestaria. De esta manera, preservaremos la cohesión social, la sostenibilidad del modelo y el mismísimo Estado del Bienestar.

Las dificultades son, pues, muchas y grandes, pero el desafío merece la pena. De no ser así, terminaremos dando la razón a Goethe: el pueblo, convertido en populacho, no se da cuenta de la presencia de diablo hasta que este lo tiene agarrado por el pescuezo. Yo, como español, y como ciudadano, me niego a serlo. ¿Y ustedes?

Noticias Relacionadas

  • El Tribunal Supremo reconoce a un militar jubilado de la base de Morón (Sevilla) como víctima del atentado del 11M
    El Tribunal Supremo ha reconocido que la incapacidad permanente para el servicio sufrida por un brigada ya jubilado de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) "trae causa directa de un acto relacionado con el servicio o a consecuencia del mismo como víctima del atentado terrorista" perpetrado el 11 de marzo de 2004 en la estación de trenes de Atocha, en Madrid, una jornada saldada con 193 muertos y 2.057 heridos como consecuencia de la violencia terrorista. 23/06/2020
  • Condenada a dos años de cárcel una funcionaria de la Agencia Tributaria por defraudar 244.526 euros
    La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a una funcionaria en la administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ubicada en un pueblo de la provincia por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, tras defraudar un total de 244.526,73 euros a través de declaraciones tributarias "falseadas". 19/03/2020
  • Defensa de Valtonyc dice que Comisión Europea se posiciona contra España ante la justicia europea por su extradicción
    La Comisión Europea se han posicionado en contra de España y a favor del rapero Valtònyc, cuya extradición reclama la justicia española por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, en la vista judicial del caso celebrada este lunes en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE, según ha informado la defensa del cantante. 17/09/2019
  • Devolución de competencias autonómicas; por Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes, Catedráticos de Derecho Administrativo
    El día 7 de noviembre de 2011, se ha publicado en el Diario El Mundo, un artículo de Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes, en el que los autores defienden que la recuperación de potestades de gestión por el Estado Central sería una medida acertada; y abogan por aprobar una ley de armonización o por una reforma estatutaria para redefinir el esquema competencial. Trascribimos íntegramente dicho artículo. 07/11/2011
  • Las competencias de las autonomías; por Benigno Varela Autrán, Jurista, Ex Magistrado del Tribunal Supremo
    El día 31 de agosto de 2011, se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Benigno Varela Autrán, en el cual el autor afirma que lo que late en el fondo del actual funcionamiento de nuestro Estado de las Autonomías es una indefinición del modelo descentralizador que ha llevado a una perversión del sistema. Trascribimos íntegramente dicho artículo. 01/09/2011
  • El TC considera que el establecimiento por el Estado de límites presupuestarios no supone la vulneración de la autonomía política y financiera de las Autonomías
    Se desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña frente a diversos preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Como primera tacha se reprocha a las leyes recurridas la vulneración de la autonomía política y financiera de la Generalitat de Cataluña -arts. 137 y 156.1 CE-, al excederse en la habilitación que el art. 149.1.13 CE atribuye al Estado. En este sentido, rechaza que el principio de estabilidad presupuestaria que se impone al sector público deba entenderse en los términos previstos en el art. 3.2 Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, esto es como una situación de equilibrio o superávit presupuestario. El TC razona que las decisiones técnicas adoptadas por los poderes públicos han sido dictadas en el marco de las competencias que la Constitución les atribuye, y son adecuadas al resto de sus prescripciones, recordando que viene considerado legítimo el establecimiento de límites presupuestarios en materias concretas, de suerte que el Estado puede establecer límites o topes generales y no sólo específicos a los presupuestos de las Comunidades Autónomas. Por otra parte, las prescripciones del art. 6.3 y 4 de la Ley Orgánica 5/2001, que conllevan la intervención del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas en el establecimiento de dichos límites o topes, no infringen la autonomía política y financiera de la Generalitat de Cataluña, pues no quiebra la posibilidad de que realice sus propias políticas en los ámbitos materiales de su competencia, criterio definitorio de su autonomía política; tampoco se pone en cuestión la suficiencia financiera ni la autonomía de gasto que caracterizan tal autonomía financiera, si bien ambos aspectos de su autonomía deban plasmarse en los presupuestos de la Comunidad respetando el “objetivo de estabilidad presupuestaria” que fije el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues las decisiones de éste se sustentan, como ya hemos señalado, en las competencias del Estado del art. 149.1.13 CE y en su potestad de coordinación financiera que limita la autonomía de la Generalitat, según prevé el art. 156.1 CE. Tampoco puede considerarse que establezca un control indebido sobre el Parlamento de Cataluña que menoscaba su autonomía financiera, tal y como se señaló en la STC 4/1981, de 2 de febrero. 28/07/2011
  • Estado, geografía y sentido común; por Claro José Fernández- Carnicero, Vocal del Consejo General del Poder Judicial
    El día 8 de junio de 2011, se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Claro José Fernández- Carnicero, en el cual el autor analiza la declaración de inconstitucionalidad del artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Trascribimos íntegramente dicho artículo. 09/06/2011
  • Por qué fallan los controles autonómicos; por Elisa de la Nuez, Abogada del Estado excedente
    El día 3 de junio de 2011, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Elisa de la Nuez, en el cual la autora reflexiona sobre el funcionamiento de los controles autonómicos, entendiendo por tales los controles de legalidad que van asociados a la gestión de los asuntos públicos en cualquier Administración. Trascribimos íntegramente dicho artículo. 06/06/2011

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2020

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana