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Y después del juicio, ¿qué?; por José Félix Pérez-Orive, Abogado

17/06/2019
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El día 17 de junio de 2019 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de José Félix Pérez-Orive, en el cual el autor opina que los nacionalistas, por lo general, se sienten incómodos dentro de Europa porque esta macroestructura reduce su flexibilidad de movimientos y los nuestros, en particular, pronto se quejarían de la pérdida de dinero o de protagonismo.

Y DESPUÉS DEL JUICIO, ¿QUÉ?

El juicio del procés ha tenido de todo. Una parte bufa en la que los testigos aseguraban que el referéndum ilegal lo organizó “un tal Toni”; otra inesperada, como la declaración de Trapero, que para librarse de la cárcel se habría subido al caballo de Vox, y una violenta y tumultuaria, reflejada en videos interpretables, que sugería que quien se empeña en madrugar, pidiendo paz pero buscando que le peguen, lo acaba consiguiendo.

Pero, más allá de las anécdotas, el juicio ha dejado enseñanzas. Las prodigó el presidente del Tribunal, bien asistido por seis magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que con su moderatio proporcionó esplendor a nuestro Estado de Derecho y confianza a todos aquellos que desean vivir en un país serio. Fue comprensivo con los letrados de la defensa cuando adornó sus reprimendas con coletillas cariñosas: “Un ilustre abogado como usted esto ya lo sabe”. Y estuvo estricto con los fiscales, aplicando siempre el “in dubio pro reo”; por cierto, los fiscales merecen una mención aparte por alguna de sus síntesis brillantes (“No hay declaraciones de independencia simbólicas”) y también por exhibir un nivel profesional superior a sus contrarios (que lo tenían difícil por razones de prueba) y muy superior a la abogacía del “Gobierno” y a la acusación particular.

La presunción de inocencia impide pontificar, pero se puede intuir, por lo visto, que habrá condenas de distinto grado. Los magistrados sentenciarán sin dejarse influir ni por la intromisión del presidente del Senado ni por el indulto potencial del presidente del Gobierno. Los magistrados expondrán su veredicto y que cada uno de los demás se equivoque solo.

Si las condenas (podría haber alguna absolución) fueran solo por malversación o desobediencia, cabría que el presidente del Gobierno hiciera la vista gorda e indultara en atención a un interés superior de convivencia. Ahora bien, cuando ese interés superior de convivencia se sobrepasa por intentos de rebelión o sedición que lo malogran, se aplica el mismo argumento y estos han de ser sancionados; sin olvidar que es inútil intentar contentar al que no se va a contentar. Una parte del pueblo de Cataluña interpretaría el indulto como debilidad y otra, como irresponsabilidad: no sería una solución, sino un nuevo problema.

¿Qué ocurriría entonces de firmarse una sentencia condenatoria? Pues que viviremos declaraciones incendiarias y disturbios decrecientes, pero el país y el Estado de Derecho interiorizarán esos costes como antígenos para inmunizar su templanza y favorecer su autoestima. Y luego, ¿qué?

Hay dos verdades que se han abierto camino a lo largo de este proceso como premisas sólidas para abordar el problema desde la racionalidad, que a veces dudo que haya. La primera, que España es irrompible, salvo que un cambio constitucional lo autorice. Y hasta los independentistas más contumaces lo tienen claro a estas alturas. Si al Reino Unido le está costando salir de Europa, imagínense lo que le supondría a Cataluña, que no cuenta ni con la economía de los ingleses, ni con el apoyo de Estados Unidos y de la Commonwealth. El proyecto europeo es un proyecto de unión de ciudadanos, más que de países; de no entenderlo así, más de trescientas regiones podrían concebir tentaciones desintegradoras. Los nacionalistas, por lo general, se sienten incómodos dentro de Europa porque esta macroestructura reduce su flexibilidad de movimientos y los nuestros, en particular, pronto se quejarían de la pérdida de dinero o de protagonismo. Decía Jordi Pujol en 2011 que “los catalanes serán residuales o independientes” y que como no veía que pudieran ser independientes, serían residuales; pero esto tampoco debería ser así.

La segunda verdad que se ha hecho evidente es que este no es solo un problema catalán, también es un problema español. Primero, porque Cataluña no puede ser marginal en España y debe volver a ser lo que era: un motor de modernidad; y porque no podemos eternizarnos e invertir esfuerzos en cosas tan improductivas como explicar a medio mundo la calidad de nuestra democracia. Tendrá que pasar un tiempo indeterminado de hastío y saturación hasta que los constitucionalistas alcancen la Generalitat y reviertan la situación, no para atacar a nadie sino para que nadie se sienta totalitariamente señalado. A menudo se confunde lo correcto con lo aceptable. La aplicación del 155 fue lo correcto en una situación extrema, con el clima actual no pasaría de ser lo aceptable. La verdad es que es difícil saber cuándo el 155 puede crear más orden o más independentistas.

Se han cometido errores por nuestra parte: dar alas al Estatut para después neutralizarlo en el Constitucional fue uno de ellos. Desplegar la fuerza para impedir un referéndum chapucero, fue otro. Creer que podíamos poner puertas al campo y controlar a mil Tonis anónimos, trajinando urnas y fantaseando por unas horas que eran miembros de la resistencia republicana, resultó un dislate; y en parecido desliz incurrimos por no haber depurado esa imprevisión con ceses de altura. En cuanto a los independentistas, sus desaciertos fueron aún mayores: incurrieron en graves errores de cálculo sobre la reacción europea, constitucional y gubernamental, y sus impactos alérgicos en la economía; sin menospreciar una dolorosa fractura social. Y por último, lo más grave: fracasaron.

En Cataluña solo cabe ahora lo de “una de cal y otra de arena”, hasta que la mayoría constitucional llegue a la Generalitat. El trato es que la ley se cumple, y que hay que respetar su idioma y sus tradiciones, aunque no el adoctrinamiento. El castellano es más indestructible que España porque es el idioma de América, incluido Estados Unidos, y el catalán es una lengua muy querida, pero menor. Pensemos en China, mil cuatrocientos millones de personas. Pues bien, un tercio de su población desconocen el mandarín, idioma oficial del país (no lo entienden siquiera, lo cual no es nuestro caso) y el Gobierno chino, poco propicio a las libertades, lo asume con sabiduría.

Al igual que “Sevilla tiene un color especial”, Cataluña tiene una identidad también especial. En ese concepto es en el que hay que profundizar. Reparemos, aunque solo sea para animarnos, en que el tiempo corre a nuestro favor. Hoy es más independiente un autónomo que el dueño de una empresa; por encima de nuestro Gobierno hay una Comisión en la Unión Europea; el 72% de nuestras leyes se dictan en Bruselas; y el Tribunal Supremo no lo es tanto: le sobrevuela el de Estrasburgo con ojos de rapaz. Los hechos demuestran que vivimos en entornos de soberanías compartidas, que irán a más. Y aunque solo la historia tiene la última palabra, bastaría para solventar las cosas que surgiera alguien con categoría en Cataluña que aclarara que “desde hace 500 años somos catalanes y españoles y no podemos, sin hacernos daño, inventarnos ser otra cosa”.

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