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CGAE

La Abogacía pide al Supremo la suspensión cautelar del nuevo reglamento de inspección tributaria

08/06/2021
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La Abogacía Española ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, que modifica los procedimientos de gestión e inspección tributaria, al considerar que "vulnera gravemente el principio del secreto profesional" de los abogados que trabajan en materia de asesoramiento fiscal.

MADRID, 07 (EUROPA PRESS).-

Según ha precisado en un comunicado de prensa, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el que solicita la inaplicación cautelar del citado reglamento y los actos dictados en su aplicación para "evitar" la posible vulneración del secreto profesional recogido en la Constitución.

Ha solicitado al Supremo que suprima aquellos enunciados que, a su juicio, "colisionan" con el principio de secreto profesional y que protegen el trabajo que los abogados realizan en materia de asesoramiento y ejecución de operaciones tributarias de sus patrocinados.

Ha argumentado en su recurso que en el nuevo decreto "se impone un deber de información a los denominados intermediarios", figura que según precisa incluye a los abogados.

En este sentido, el Consejo General de la Abogacía ha insistido en que "no es admisible limitar el secreto profesional" del modo en el que --según considera-- lo hace el mencionado Real Decreto, dado que "no tiene respaldo ni en Derecho de la Unión Europea ni en Derecho interno".

Ha recordado que "los abogados son titulares del secreto profesional en cualquier ámbito de actuación", aunque ha precisado que esto no quiere decir que los letrados puedan negarse a colaborar con la Administración tributaria "esgrimiendo injustificadamente su secreto profesional". "Habrá de considerarse cada caso", ha puntualizado el Consejo.

EL GOBIERNO "VA MUCHO MÁS ALLÁ"

Según consta en la nota de prensa, la Abogacía ha advertido en su recurso que el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros "va mucho más allá de las imposiciones recogidas en la propia Directiva Europea", lo que a su juicio puede "generar indefensión en el patrocinado por el profesional de la abogacía al quebrarse el principio de tutela judicial efectiva".

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