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La Abogacía del Estado pidió las agendas de los ministros de Fomento de Aznar para rastrear donantes de la 'caja b'

15/09/2021
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El juez se negó alegando que la investigación sobre las llamadas 'comisiones finalistas' ya había concluido

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Abogacía del Estado solicitó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que reclamara las agendas de los ministerios de Fomento y de sus respectivos titulares durante los gobiernos de José María Aznar, en base a las declaraciones del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que en su última comparecencia aseguró que todos los ministros de esta cartera y de la de Medio Ambiente con el PP tenían trato con donantes de la 'caja b'.

En un escrito del pasado 29 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada del Estado, Rosa María Seoane, pidió los registros de entrada y salida o de visitas del Ministerio de Fomento, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, la Dirección General de Carreteras y las empresas públicas implicadas, así como de la Constructora Hispánica, "durante el periodo de tiempo señalado por Luis Bárcenas en su declaración, esto es, de 1996 a 2004".

Reclamó igualmente la "agenda oficial" de los ministros de Fomento en esa misma época, que se corresponden con Rafael Arias-Salgado (1996-2000) y Francisco Álvarez Cascos (2000-2004), así como las de los secretarios de Estado de Infraestructuras, directores generales de Carreteras y responsables de dichas empresas públicas en aquellos años, además de la del entonces presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo.

También pedía Seoane requerir a la Agencia Tributaria (AEAT) "los expedientes tramitados de inspección y sancionadores con posterioridad a 2003 en relación al riesgo fiscal por movimiento de billetes de 500 euros, así como operaciones de movimientos de efectivo efectuadas tanto por la persona jurídica de Constructora Hispánica como por la persona física de Alfonso García Pozuelo".

Sin embargo, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 5 rechazó días después, en una providencia del 2 de agosto, esta nueva diligencia planteada por la Abogacía del Estado, explicando que "no ha lugar dado que ha concluido el plazo de investigación judicial".

En un auto del 22 de julio, Pedraz optó por no prorrogar las pesquisas dedicadas a determinar si los empresarios que habrían nutrido con sus donaciones la 'caja b' del PP tenían el objetivo de conseguir a cambio adjudicaciones concretas de contratos públicos, las llamadas comisiones finalistas.

En consecuencia, la fase de instrucción concluyó el 29 de julio, cuando estaba previsto que caducara conforme a los nuevos plazos procesales, justo el mismo día que Seoane pidió estas últimas diligencias.

QUE TE RECIBA UN MINISTRO "VALE DINERO"

Los Servicios Públicos del Estado consideraron necesario revisar dichas agendas después de que Bárcenas dijera a Pedraz, en su comparecencia del 16 de julio, que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos 'populares', entre los que mencionó expresamente a Álvarez Cascos, trataban con donantes de la 'caja b' sobre adjudicaciones públicas.

"Al final, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio, el tener las puertas abiertas y la posibilidad de acceso", expuso.

Para el antiguo responsable de las cuentas del PP, simplemente "poderte sentar una hora con el máximo responsable de un proyecto y conocer el proyecto, el plazo en el que se conceden obras y eso, vale dinero". Y se ofrecía esa "contraprestación", que él calificó de "sana".

En concreto, recordó un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro de Fomento, Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.

Seoane también fundó su petición a Pedraz en el informe emitido el pasado 20 de julio por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que refleja sobrecostes de entre el 4,85 y el 94,53 por ciento en la mayoría de las 23 adjudicaciones analizadas de todas las que se concedieron a la Constructora Hispánica desde la Administración General del Estado (AGE) durante el segundo Gobierno de José María Aznar.

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