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La AN condena a dos personas por una estafa millonaria a varios ayuntamientos, la Comunidad de Madrid, Euskadi y Navarra

18/05/2022
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La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre y a una mujer por participar en una organización criminal que estafó a 55 administraciones públicas, entre ellas a numerosos ayuntamientos, así como a hospitales, universidades, consorcios u organismos en la Comunidad de Madrid, el País Vasco o Navarra, al hacerse pasar por proveedores habituales que no habían cobrado algún servicio. El daño total a las arcas del Estado asciende a dos millones de euros.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Nacional sitúa en 79 las entidades públicas que fueron contactadas por esta organización criminal, de las que 21 al final no llegaron a pagar, si bien 55 administraciones sí desembolsaron 5.690.772 euros a los estafadores, aunque una parte de esa cantidad fue bloqueada por los bancos, por lo que 22 de las víctimas lograron recuperar el dinero y nueve pudieron reintegrarse una parte.

La Sala de lo Penal ha declarado probado que ambos acusados empleaban documentos falsos para ganar dinero a través de estafas tanto a entidades públicas como a particulares. Esas falsificaciones eran la "piedra angular" que les permitía mover el dinero y algunos de los investigados manejaban "decenas" de documentos de identidad de varios países, "cuya detección por parte de las entidades bancarias es prácticamente imposible", indica la Audiencia.

La sentencia fija 5 años y 2 años y medio de cárcel para el hombre y la mujer, respectivamente, por los delitos continuados de estafa y falsedad, y por el de pertenencia a organización criminal, con las atenuantes de reconocimiento de los hechos y, en el caso de la mujer, de reparación del daño, más multas de 990 y 540 euros, después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en el juicio.

Del mismo modo señala que deberán indemnizar, con miles de euros y más intereses, a los ayuntamientos de Almería, Albacete, Bilbao, Espinar, Gandía, Olot, Portugalete, Sanxenxo, Zarauz, Parets del Vallés, Castellón, Amorebieta-Etxanoko Udala, Arganda el Rey, Caldas de Malavella, Castelldefels, Santa Cruz de Bezana, Valdilecha, Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de la Barca o Alaurín de la Torre.

Entre los afectados también están el Gobierno de Navarra por el Servicio Navarro de Salud (36.629 euros); el Instituto Foral de Asistencia Social; el Servicio Vasco de Salud (35.000 euros); las diputaciones de Castellón (58.790 euros) y Barcelona (266.081 euros); el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (60.000 euros); las universidades de La Laguna y de Santiago de Compostela; Aguas de Bilbao y Aguas de Murcia, o el Hospital Clínic de Barcelona.

Mientras que entre las entidades que consiguieron bloquear sus pagos se encuentran, entre otras, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña o el Canal de Isabel II.

'MULAS' O TESTAFERROS

Al hombre condenado se le atribuye haber contribuido a abrir 47 cuentas bancarias con 16 identidades distintas durante cinco meses, entre noviembre de 2016 y marzo de 2017. Por su parte, la mujer es considerada responsable de crear 14 cuentas con cinco identidades. La organización contaba con 'mulas' o testaferros que consentían que su cara o sus nombres figurasen en la documentación falsificada.

Para llevar a cabo sus planes, los acusados elaboraban documentos de identidad y personales, como de empadronamiento o contratos de trabajo, que utilizaban para abrir cientos de cuentas bancarias en diferentes entidades y países, donde recibían las transferencias de dinero por parte de las víctimas de la estafa, antes de moverlo a lugares como Rumanía, Alemania, Hungría, Italia o Polonia. En estos países era donde sacaban en metálico el dinero que habían estafado.

En el relato de hechos probados, la magistrada Ana María Rubio distingue entre el método que utilizaban para estafar a las administraciones públicas y el usado para engañar a personas particulares, una actividad que se remonta "al menos" al verano de 2016. Además, la ponente divide la estructura organizativa en varios departamento: planificación, informática, falsificación y logística.

A la hora de tratar con entidades públicas, la organización criminal estudiaba previamente los contratos con proveedores y empresas prestadoras de servicios. Una vez que accedían a facturas y pedidos, el siguiente paso consistía en suplantar a compañías que tenían algún cobro pendiente y llamaban o escribían por correo electrónico a las administraciones, avisando de que habían cambiado el número de cuenta en el que habían de saldar el pago.

Esta forma de obrar incluía un "sistema de verificación y control", a partir del cual los estafadores hacían llegar a sus víctimas documentos "con información no verdadera" que daban cuenta del cambio del número de cuenta, para así disfrazar el engaño.

Las administraciones públicas que cayeron en la trampa no llegaron a sospechar al recibir la documentación sobre los cambios en las cuentas bancarias. "A través de esta modalidad se ha intentado múltiples engaños, y se han llegado a materializar otros muchos a numerosas entidades públicas", señala la Sala de lo Penal.

ESTAFAS A PARTICULARES

A renglón seguido, los magistrados consideran acreditado que cuando la organización se proponía estafar a personas particulares, elegían internet como plataforma y actuaban con distintos tipos de estafa, como el 'phising' bancario, engaños en la compraventa de bienes y servicios o con alquileres temporales o turísticos, "quizá la más utilizada" y de una manera más activa a lo largo del verano.

El 'phising' se trata de enviar un enlace al correo o al teléfono móvil de la víctima simulando que quien lo envía es un banco, pero cuando el receptor accede e introduce sus claves personales, los estafadores las copian y proceden a transferirse, a robar dinero.

Ya sean personas físicas o jurídicas, hay 705 afectados particulares en España y el dinero total estafado es de 1.183.642 euros. 426 víctimas están identificadas y 365 ya han denunciado.

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